La abogada y activista Rocío San Miguel cumplió 36 días sin poder designar abogados privados, desde que la detuvieron el 9 de febrero y hasta este 19 de marzo.
Uno de sus defensores, Joel García, volvió a alertar sobre la violación al debido proceso que sufre la presidenta de la ONG Control Ciudadano, ante la falta de su traslado al tribunal que lleva su causa y en la que su equipo legal no ha podido asumir su representación.
«Rocío San Miguel sigue sin poder designar sus abogados de confianza, ya han transcurrido 36 días del lapso de 45 días para solicitar diligencias de investigación y promover medios de prueba y ello no ha sido posible por estar en indefensión. Fácil es acusar al que está indefenso», escribió García en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
El abogado que denuncia esta situación desde hace más de cuatro semanas, insiste en la necesidad de que la defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad nacional pueda tener un equipo legal de confianza, como lo garantiza la Constitución de Venezuela de 1999.
A San Miguel la apresaron junto a su hija el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela. En su chequeo migratorio la apresaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas.
Estuvo más de 100 horas en desaparición forzada. Junto a ella también detuvieron a su expareja Alejandro González Canales. A ambos los señaló la Fiscalía de estar supuestamente implicados en una trama de conspiración que bautizaron como «brazalete blanco».
Además, el Ministerio Público también apresó y liberó posteriormente, con medidas cautelares, a su hija Miranda Díaz, al papá de la joven, y dos hermanos de la abogada y activista.
Qué dijo la ONU de San Miguel
San Miguel solo ha podido ver a su hija una vez, el 18 de febrero, al menos esa es la única fecha en que se hizo pública una comunicación entre su Miranda y su mamá, que la visitó en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en su sede de El Helicoide, donde la recluyeron.
Este 19 de marzo, la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, se refirió a ella y al también defensor Javier Tarazona, durante su intervención en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, donde presentó una actualización del caso Venezuela.
Aseguró que los defensores de derechos humanos en Venezuela enfrentan «la represión, la detención arbitraria y las amenazas», por parte del sistema judicial y los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano./Efecto Cocuyo
