La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec), sección Venezuela, rechazó la detención de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, así como la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (Oacnudh) por parte de las autoridades gubernamentales.

En un comunicado que publicaron en sus redes sociales este martes 20 de febrero cuestionaron la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, su desaparición forzada y que siga sin poder una defensa legítima, ya que le impiden a sus abogados asumir su caso.

Recuerdan que la situación de San Miguel no es un hecho aislado en el país, sino la continuación de prácticas que vulneran las garantías fundamentales de la población más vulnerable.

Advierten que no son hechos aislados
“Este caso no es un hecho aislado en la Venezuela actual, donde el ‘lawfare’ es práctica común, tal como han documentado distintas instancias de la ONU. Las sanciones económicas unilaterales en contra de actores gubernamentales y las tensiones geopolíticas generadas por las potencias mundiales no justifican, no legitiman, ni relativizan la violación de derechos humanos en Venezuela“, dijeron en el texto.

Condenaron la expulsión de los funcionarios de la Oacnudh y la suspensión de las actividades que desde al menos 2020 mantenían en el país, tras la firma de un memorando de entendimiento en septiembre de 2019 entre el gobierno de Nicolás Maduro y la anterior alta comisionada, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

“Rechazamos el intento de criminalización de toda la estructura que conforma el sistema universal e interamericano de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas, pues son estas instancias las que han permitido a lo largo de la historia latinoamericana y de los demás países periféricos, establecer instancias de diálogo constructivo para favorecer el ejercicio de derechos humanos de las personas más vulnerables afectadas por las crisis humanitarias, la ausencia de democracia y las graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron.

La Alpec Venezuela además advirtió sobre el intento del Parlamento venezolano, que controla el chavismo, de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, al mencionar que busca mantener un control discrecional sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la atención de la emergencia humanitaria nacional.

Qué pasó con Rocío San Miguel
“Hacemos un llamado por la institucionalidad en Venezuela y rechazamos el uso del poder ilimitado por parte de las autoridades contra cualquier expresión que disienta de los parámetros oficiales y que hoy ha tenido su correlato internacional desdeñando los mecanismos que la humanidad ha creado para contener a ese poder”.

A San Miguel la detuvieron el viernes 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. Desde entonces y hasta su presentación en un tribunal contra el terrorismo de Caracas, casi a la medianoche del 12 de febrero, se mantuvo en desaparición forzada junto a un grupo de familiares (una hija, dos hermanos y dos exparejas).

El gobierno y el Ministerio Público la acusan de presuntamente ser parte de una operación que denominan “brazalete blanco”, en la que implicaron a militares, periodistas y defensores de derechos humanos.

En su caso la Oacnudh habló de desaparición forzada, una de las razones por la que Miraflores decidió expulsar a sus funcionarios el pasado 15 de febrero. Finalmente el personal de la oficina abandonó el país el sábado 17 de febrero. Este martes se supo, por la agencia Efe, que llegaron a Panamá desde donde continuarán el monitoreo de la situación venezolana./Efecto Cocuyo