Miraflores está sirviendo la mesa para ir pronto a las elecciones presidenciales que corresponden este año, a juzgar por la «temprana» sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la candidatura presidencial de María Corina Machado, estiman analistas políticos.

En estas elecciones Nicolás Maduro se propone presentarse a la reelección para un tercer mandato, apartando todos los obstáculos posibles del camino, consideran los especialistas.

Un elemento diferenciador respecto de las elecciones de 2018 son las negociaciones, en pleno desarrollo, entre el gobierno y la oposición con la mediación de Noruega, que giran en torno al cumplimiento del acuerdo de Barbados, el cual establece garantías electorales y entre ellas la observación internacional. Aunque hace seis años las partes también intentaron negociar, pero no llegaron acuerdos como los actuales.

Además, los contactos directos entre Miraflores y Estados Unidos que tienen en su poder la posibilidad o no de que el Ejecutivo venezolano acceda a más recursos financieros, tras la flexibilización o levantamiento parcial de las sanciones.

Las semejanzas son varias: al igual que en 2018, en 2024 hay partidos políticos anulados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) e intervenidos por el TSJ, dirigentes políticos de oposición inhabilitados por la Contraloría General (CGR), presos políticos, más la amenaza de que no exista una observación internacional imparcial, entre otras.

A continuación un recuento de cómo se movió el chavismo que sirve de comparación entre ambos procesos electorales, acompañado de una línea de tiempo.

Elecciones 2018
«Para 2018, se venía de una etapa muy difícil de protestas en las calles (2017). De una gran represión con cientos de muertos y heridos, y el comportamiento del gobierno estuvo dirigido a que ese año se calmaran las aguas y lograr estabilidad a cualquier costo. Promovió que de la oposición saliera un candidato que no eligió nadie (Henri Falcón) y que le sirvió para legitimar el proceso», resume el politólogo Luis Rendueles.

Fracaso de negociaciones

Vale acotar que el gobierno y la oposición venían de un proceso de negociación que inició en 2016 en República Dominicana y tras dos intentos, las conversaciones se suspendieron indefinidamente en febrero de 2018. El para entonces presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, admitió el “fracaso de las conversaciones” debido a la falta de acuerdos entre las partes.

El mandatario dominicano se refirió especialmente a la convocatoria de las elecciones presidenciales antes de lo previsto como solución a la crisis política del país. Reveló que la noche anterior (6 de febrero) a la firma de un acuerdo, la delegación del chavismo se marchó sin revisar la última propuesta de la oposición. El intento fallido sirvió de antesala a la no participación de la oposición en los comicios del 20 de mayo.

Inhabilitaciones políticas
Previo a los comicios de ese año, estaban inhabilitados por la CGR quienes podían ser potenciales contendientes de Maduro, como el líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y Henrique Capriles Radonski (15 años desde 2017).

En su momento, la ONG Acceso a la Justicia denunció que en todos los casos hubo violación al debido proceso, situación que el TSJ solo reconoció en el caso de Manuel Rosales, que había sido inhabilitado en 2015 por siete años y seis meses; pero el máximo juzgado le levantó la sanción el 30 de octubre de 2017.

Para entonces también ya estaban impedidos de optar por cargos públicos por 15 años, el exalcalde del municipio San Diego, estado Carabobo, Enzo Scarano y el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla.

Ante el adelanto de elecciones de diciembre al 20 de mayo de 2018, la oposición mayoritaria, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática optó por no acudir a dichos comicios por falta de garantías democráticas. Sin embargo, el exgobernador de Lara, Henri Falcón, decidió romper la línea abstencionista y lanzar su candidatura por su cuenta. Posteriormente denunció fraude e impugnó los resultados, pero el TSJ rechazó el recurso en junio de ese año.

Invalidación de partidos
Igualmente por decisiones vía TSJ, Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 y CNE, de 67 organizaciones políticas que estaban habilitadas ante el Poder Electoral para 2015, quedaban solamente 17 (12 progobierno y 5 de oposición) para 2018, según registro de Acceso a la Justicia.

En enero de 2016, la Sala Constitucional del TSJ ordenó a las organizaciones políticas mediante sentencia, someterse a un proceso de renovación (recolección de firmas para reelegitimarse) por no haber postulado candidaturas con tarjeta propia, tanto en las presidenciales de 2013 como las parlamentarias de 2015, en las que la oposición con la tarjeta de la unidad (MUD) ganó la mayoría de escaños.

El CNE organizó el proceso pero con obstáculos como tiempo insuficiente y negar la reparación a aquellas organizaciones que no lograron el objetivo en el lapso fijado o les descartaron firmas. También se les impuso el uso de captahuellas para evitar la doble militancia. Desde entonces quedaron anuladas ante el CNE partidos como La Causa R, Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledezma, Proyecto Venezuela, Bandera Roja y Gente Emergente.

Posteriormente, la ANC también impuso una nueva validación de partidos políticos que no concurrieron a las elecciones municipales de diciembre de 2017, a raíz de lo cual quedaron inhabilitados para postular candidatos los partidos Primero Justicia, VP y Puente. El TSJ también anuló la tarjeta de la MUD en enero de 2018 al alegar que contravenía la doble militancia y así permaneció hasta su restitución en 2021 (elecciones regionales) producto de negociaciones políticas.

¿Quiénes fueron los candidatos?
El gobernante Nicolás Maduro se postuló para un segundo período presidencial con el apoyo del Gran Polo Patriótico, integrado por partidos como Patria Para Todos (PPT), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), entre otros.

Ante la negativa de la oposición mayoritaria a concurrir, el exgobernador Falcón inscribió su candidatura presidencial de la mano de la organización política que presidía, Avanzada Progresista. También se postuló el pastor evangélico, Javier Bertucci, con la organización Esperanza por el Cambio.

Con una participación de 46,07% (en las elecciones de 2013 fue de 79,65%), el CNE anunció la reelección de Maduro con 67,84% de la votación (6.245.862). Falcón obtuvo 20,93% de la votación (1.927.3879) y Bertucci 10,82% (1.015.895).

¿Hubo observación internacional?. Para el 20 de mayo, vinieron al país la Unión Africana representada por la embajadora de la Unión Africana en Washington, Sra. Arikana Chihombori Quao, un grupo de expertos electorales enviados por Rusia y una delegación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), las cuales avalaron el proceso.

Sin reconocimiento internacional. Pasados los comicios, Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima, rechazaron el proceso por «falta de transparencia, legitimidad y garantías».

Lo que dio pie a que en enero de 2019, la AN con mayoría opositora, desconociera los comicios, declarara vacante el cargo de presidente de la República y juramentara a Juan Guaidó como presidente encargado hasta realizar nuevas eleciones. Guaidó fue reconocido por más de 50 países, además de bloques como la Unión Europea (UE).

Elecciones 2024
Negociaciones. El 17 de octubre de 2023 se firmó en Barbados, con la mediación de Noruega, una serie de acuerdos entre las delegaciones de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática.

Uno de ellos, sobre derechos políticos y electorales, contiene garantías como la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, observación internacional, auditorías al sistema de votación y respetar el mecanismo de los factores políticos para elegir a sus candidatos.

Además gobierno y oposición pactaron elecciones para el segundo semestre de 2024. que promoverían un clima de paz necesario para los comicios y rechazarían cualquier tipo de violencia política.

En primera instancia, dicho acuerdo sirvió para que el antichavismo celebrara elecciones primarias, pese a amenazas de boicot desde el TSJ, para escoger a su abanderado presidencial, en las que María Corina Machado resultó ganadora con más de 90% de apoyo popular. En 2018, las negociaciones fracasaron poco antes de llegar a los comicios, en 2024 se teme un escenario similar aunque los intentos parecen más sólidos y al chavismo lo presiona el tema de las sanciones.

«En esta oportunidad, el gobierno se enfrenta a una oposición más unida, contrario a lo que sucedió en 2018, que hizo unas primarias para escoger a su candidato presidencial y no está dispuesta a abandonar la ruta electoral. El gobierno sigue teniendo el control político del país, pero está presionado por Estados Unidos y las sanciones. Maduro necesita mejorar la economía antes de ir a elecciones y por ello intentará sacar mayor provecho de las negociaciones además de ganar tiempo», apuntó Rendueles.

Conspiraciones. Llegado enero de 2024, el gobernante Maduro denunció cinco conspiraciones para intentar derrocarlo, supuestamente detectadas entre mayo y diciembre de 2023, lo que le sirvió de excusa para señalar a la oposición de violar el acuerdo de Barbados y desatar una nueva de ola de detenciones de adversarios políticos, entre ellos cinco dirigentes de Vente Venezuela, partido de Machado, a los que se señaló de conspiración.

TSJ vs María Corina
Mediante sentencias sucesivas del 26 de enero, el TSJ ratificó las inhabilitaciones políticas contra Machado (impuesta en 2022 por la CGR sin previo aviso ni derecho a la defensa), contra Capriles y Scarano, cuya medidas datan de 2017.

En el caso de Machado, el TSJ justificó la decisión porque Machado, se recalcó en la sentencia, ha pedido sanciones internacionales contra el país y ha participado en el «despojo» de activos en el exterior como Citgo y el oro venezolano en Inglaterra, a través de su apoyo al interinato, además del «desmantelamiento» de empresas como Monómeros con sede en Colombia.

Para este 2024 también siguen inhabilitados Guarulla, el expresidente del gobierno interino, Juan Guaidó (tiene dos medidas de 2019 y 2021); y el excandidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano.

Situación de partidos. Las medidas contra los partidos políticos se profundizaron en 2020. Previo a las elecciones parlamentarias de ese año, el TSJ ordenó la intervención de Acción Democrática, VP, PJ y Bandera Roja, entre otros.

También, a partidos exintegrantes del Polo Patriótico, ahora críticos de Maduro, Patria Para Todos (PPT), Tupamaro y recientemente el Partido Comunista de Venezuela (PCV), lo cual le permite al chavismo postular a su candidato presidencial con estas tres últimas tarjetas.

Otras organizaciones como REDES de Juan Barreto (inhabilitada en 2017) y Movimiento Democracia e Inclusión de Nicmer Evans (antiguos aliados del chavismo y ahora detractores) no han logrado que el CNE les acepte los requisitos para poder participar en elecciones con tarjeta electoral.

¿Quiénes son los candidatos?
Nada indica que Maduro no vaya a presentarse a la reelección, aunque han sonado otros nombres como el de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como eventual relevo. Ni el Partido Socialista Unido ni el gobernante han hecho el anuncio de manera formal anque sí lo han ratificado en declaraciones individuales.

La Plataforma Unitaria Democrática más EEUU, por la vía de las negociones, intentarán lograr la habilitación de María Corina Machado, aunque el chavismo madurismo sostenga que no existe ninguna posibilidad.

Si la situación persiste, la oposición deberá evaluar un sustituto en el que se espera Machado tenga incidencia.

También han dado a conocer sus aspiraciones a Miraflores, el empresario y comediante Benjamin Rausseo, Luis Eduardo Martínez, Juan Carlos Alvarado y Javier Bertucci de la Alianza Democrática. El politólogo, Luis Ratti, quien se inscribió en 2018 pero se retiró, también ha dicho que tiene intenciones de medirse.

¿Qué dice la comunidad internacional?
Ante la sentencia del TSJ contra Machado, países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, el Partido Popular de España, Francia, la OEA y la UE ya han expresado preocupación por las condiciones en las que se realizarán las presidenciales en Venezuela, mientras EEUU amenaza con reimponer sanciones si persiste la inhabilitación contra Machado.

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, también jefe de la delegación negociadora de Miraflores, ha dicho que no se permitirá la entrada de la OEA con ninguna misión de observación internacional, antes también lo «juró» con la misión de la UE por sus críticas a los comicios regionales de 2021.

«En los próximos meses se puede esperar mayor represión en la medida en que el gobierno sienta que su permanencia en el poder está amenazada, especialmente contra María Corina y todo su entorno. Pero a la vez estará contenido de una mayor escalada por el tema de las sanciones y el acuerdo de Barbados. Levantarse de la mesa le puede representar un alto costo a lo interno sin flexibilización de sanciones», añadió el también consultor político./Efecto Cocuyo