Un tribunal de Argentina rechazó este lunes un pedido de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para que la jueza María Eugenia Capuchetti fuera apartada de la causa en la que se investiga el atentado que sufrió la exmandataria en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Bruglia, de la Sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, rechazó la recusación de Capuchetti formulada por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, abogados de la vicepresidenta, por los presuntos vínculos de la jueza con la oposición política.
Esta es la segunda vez que la Justicia rechaza una recusación a Capuchetti presentada por los abogados de Cristina Fernández.
En su fallo de este lunes, al que tuvo acceso EFE, Bruglia señaló que los argumentos desarrollados en el pedido son insuficientes para justificar el apartamiento de un magistrado.
La recusación presentada en enero se basaba en las presuntas «actividades incompatibles» de Capuchetti por tener un trabajo rentado como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires, que, según los abogados de Fernández, es un órgano con fines «políticos» para apoyar y asesorar al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno capitalino está en manos de Propuesta Republicana (Pro), principal fuerza de oposición que tiene al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) como una de sus principales figuras.
Para los abogados de la vicepresidenta, el sueldo de Capuchetti depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo hasta inicios de enero encabezado por Marcelo D’Alessandro, acusado por el kirchnerismo de manipular causas judiciales contra Cristina Fernández.
Para Bruglia, los abogados de Fernández no lograron demostrar que la actividad académica de la jueza «pueda determinar un interés en el resultado de este proceso» por parte de Capuchetti «y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento».
Los abogados de Fernández ya habían pedido la recusación de Capuchetti en noviembre pasado, pero la Justicia la rechazó.
La vicepresidenta sufrió el atentado en medio de las manifestaciones a las puertas de su domicilio que se dieron después de que el 21 de agosto un fiscal pidiera para ella 12 años de prisión por presunta corrupción en los dos períodos en que fue mandataria.
Fernández fue condenada el pasado 6 de diciembre por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.
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