El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) presentó este miércoles 30 de septiembre su informe semestral Situación general de los derechos humanos en la región andina. Marzo-septiembre de 2020. Debido a la pandemia por COVID-19 y cumpliendo la medida preventiva de distanciamiento social, la presentación se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma Zoom meetings.

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El informe detalla a lo largo de nueve capítulos las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de facto, sus instituciones y representantes políticos en los tres estados andinos del país: Mérida, Táchira y Trujillo. La documentación de casos y el registro de situaciones que contiene el escrito constatan transgresiones principalmente a los derechos a la vida, a la salud, a la libertad personal, a la libertad de expresión y de manifestación, al acceso a la justicia y el derecho a disfrutar de bienes y servicios públicos de calidad.

Violaciones a los derechos a la vida, a la libertad de manifestación y a la libertad personal

El 4 de mayo de 2020 fue asesinado el joven Rafael Hernández, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Los Andes ULA. El hecho ocurrió en el sector El Campito de la ciudad de Mérida, mientras Hernández y otros ciudadanos protestaban durante un apagón por las constantes fallas del servicio eléctrico. Sujetos a bordo de una camioneta dispararon contra los manifestantes, acabando con la vida del estudiante. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar de los hechos 12 horas después de ocurridos, impidiendo así garantizar la preservación de las pruebas. “Al cierre de este informe, ningún funcionario representante de los órganos de justicia del Estado ha emitido información acerca de los responsables del asesinato del estudiante Rafael Hernández”, precisa el documento.

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El ODH-ULA registró, entre marzo y septiembre, 127 protestas sociales en la región andina motivadas por la precariedad e ineficiencia de los servicios básicos, así como por abuso policial. Ocho personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco de dichas protestas; siete en el estado Mérida y una en Trujillo.

Salud en terapia intensiva

En el semestre analizado, el ODH-ULA documentó graves fallas en el sistema de salud de la región andina, período que coincide con el desarrollo de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Personal sanitario de los cuatro hospitales centinela ubicados en la región, así como de otros centros asistenciales, han denunciado déficit de insumos y suministros médicos, de equipos de bioseguridad y médicos para la atención de pacientes con coronavirus, de personal y de pruebas para la detección del virus, así como incapacidad hospitalaria para atender todos los casos que desde el mes de junio aumentan aceleradamente.

La centralización de diagnósticos por pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) también ha sido denunciada reiteradamente por médicos y autoridades regionales. El Laboratorio de Microbiología de la ULA fue autorizado por el Ministerio de Salud el 18 de marzo para realizar este tipo de exámenes serológicos, pero hasta la fecha de cierre de este informe no han sido enviados los suministros necesarios para procesarlas.

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“El 22 de mayo de 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) introdujo una petición ante la Defensoría del Pueblo expresando la necesidad de que sean suministrados los insumos necesarios que permitan realizar las pruebas PCR en el estado Mérida, para poder agilizar y actuar de manera oportuna y eficiente ante los casos de contagio que se presenten, pero todavía no se ha recibido respuesta”, señala el informe.

La salud en la región también se ha visto afectada por la falta de gasolina y de transporte para el personal sanitario. Médicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), principal centro centinela de Mérida para la atención del COVID-19, han denunciado discriminación en surtido de combustible, con una reducción constante de cupos y litros disponibles para el personal de salud.

“El 18 de agosto se informó al personal que labora en el IAHULA, que se suministraría combustible solo a 40 vehículos, semanales, afectando gravemente la movilidad de médicos residentes, especialistas, personal de enfermería y obreros. Por esta medida anunciada, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) asistió a personal médico del IAHULA y del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, para consignar denuncia y reclamo ante la Defensoría del Pueblo y ante la ZODI”, resalta el informe.

Este Observatorio también documentó detenciones arbitrarias a dos profesionales de la salud en la región andina, por denunciar la falta de insumos médicos y hospitalarios y por una publicación en estado de WhatsApp.

Servicios básicos ineficientes

Las fallas en los servicios de electricidad, gas doméstico, agua potable, telecomunicaciones, acceso a combustible y transporte público son constantes desde antes de que se decretara la cuarentena nacional por COVID-19. Estas ineficiencias, que constituyen violaciones de derechos humanos en sí mismas, también afectan el derecho al trabajo y el derecho a la educación, actividades que necesariamente deben realizarse a distancia como medida preventiva aplicada en todos los países donde se han registrado casos de coronavirus.

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El servicio eléctrico, que afecta la operatividad de otros servicios básicos como telecomunicaciones y el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua potable, es el que más fallas ha presentado en la región andina en el período analizado en este informe. En 26 semanas de cuarentena, el ODH-ULA registró un promedio de 363 horas sin servicio eléctrico en los estados andinos, lo que se traduce en más de 15 días sin luz. En el caso del agua potable, este Observatorio contabilizó un promedio de 169 días sin este servicio en sectores de los estados Mérida y Trujillo.

La falta de gas doméstico también recrudece en la región. Ciudadanos se han visto en la necesidad de cocinar con leña o estufas a gasoil, cuyo uso prolongado genera afecciones respiratorias, además de aumentar, en el caso de la utilización de leña, la deforestación en los estados andinos.

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Censura, limitaciones y falta de acceso a información sobre la pandemia

La información sobre el desarrollo de la pandemia por COVID-19 en los estados andinos también está centralizada y es insuficiente. En Mérida y Táchira las autoridades paralelas denominadas “protectores” y las designadas como “autoridades únicas de salud”, ambos cargos no contemplados en la Constitución, son quienes emiten información sobre el tema, aunque de forma esporádica, escueta y con recurrentes contradicciones con relación a las cifras emitidas desde Caracas por el régimen de facto.

Por su parte periodistas y trabajadores de la prensa han visto limitadas sus labores debido a la falta de gasolina y transporte público para movilizarse y a las constantes fallas de los servicios eléctrico y de telecomunicaciones. Así mismo, autoridades policiales y militares han restringido el tránsito de comunicadores sociales y dueños de medios en Mérida y Táchira. Periodistas de la región han denunciado detenciones arbitrarias, amedrentamientos y censura en el ejercicio de sus funciones durante el último semestre.

Reclusos sin derechos y justicia paralizada

El ODH-ULA registró en los últimos seis meses violaciones a los derechos de los privados de libertad en la región andina. Falta de atención médica, de agua y comida, así como paralizaciones de juicios han sido documentadas en este informe.

“El 20 de agosto, representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que 995 reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), estado Mérida, no tienen acceso a agua potable y sufren por irregularidades en la distribución de alimentos; y a pesar de que familiares pueden llevar alimentos e insumos al centro de reclusión cada 15 días, se les dificulta el traslado debido a la escasez de combustible y los constantes paros de transporte. El 09 de septiembre, el OVP, denunció que existe un alto índice de desnutrición entre los presos en los distintos centros de detención del estado Táchira y algunos han perdido hasta 50 kilos de peso en los últimos meses”, reseña el informe.

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Aunque el acceso a la justicia es un principio fundamental del Estado de Derecho, establecido en la Constitución y en tratados internacionales, la mayoría de los procesos jurídicos se han visto paralizados y/o demorados en Venezuela desde que se emitió el Decreto de “estado de alarma” por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Esta paralización se suma a las preexistentes dificultades para el acceso a la justicia que hay en el país.

El ODH-ULA documentó en un informe previo que los tribunales están inoperativos desde que comenzó la cuarentena nacional por la pandemia, así como existen retardos en registros, notarias, fiscalías y tribunales penales. “En la Unidad de Recepción de Documentos (URD) del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en materia de amparo penal, sólo se reciben y procesan solicitudes de habeas corpus, que involucran el derecho a la libertad personal y que procesan de manera inmediata. Otros amparos en materia penal se reciben pero no se procesan”, ha constatado en Mérida el equipo jurídico de este observatorio.

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Actuación de autoridades y organismos paralelos en Mérida y Táchira

El ODH-ULA recuerda en este informe que en dos estados de la región andina, Mérida y Táchira, el gobierno de facto ha impuesto gobiernos paralelos a las legítimas autoridades electas por la ciudadanía a través del voto popular, despojándolas de las atribuciones y competencias que les corresponden por mandato constitucional. “Hay en Venezuela una fáctica abolición de la Constitución nacional y del Estado de Derecho”, resalta el documento.

Algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas en dichos estados han sido cometidas por funcionarios de los referidos gobiernos paralelos, lo que constituye una doble arbitrariedad: usurpación del poder y transgresiones de derechos ejerciendo cargos no contemplados en la carta magna.

Invitados especiales a la presentación del informe

Como es costumbre, invitados especiales participaron en la actividad con exposiciones sobre temas relacionados a los casos documentados por el ODH-ULA en el referido informe. Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos, Ignacio Ávalos profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Carlos Guerra, miembro del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF).

Fernández se refirió a los tratados internacionales que el régimen de facto encabezado por Nicolás Maduro ha violado, principalmente el Estatuto de Roma, y cuya constatación está documentada en el reciente informe de la Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ávalos, por su parte, dio cuenta de la precaria situación en la que se encuentra la investigación científica en Venezuela, como consecuencia de la desinversión en el área por parte del régimen y de la política de asfixia presupuestaria que ejerce contra las universidades autónomas. Finalmente, Guerra dio un panorama de las consecuencias en la juventud venezolana a causa de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela y que ha obligado a miles de jóvenes a emigrar./NP