El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, insiste en blanquear al chavismo. Ayer a última hora de la tarde, y después de reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Bruselas, Josep Borrell despachó una misión a Caracas para negociar con Nicolás Maduro y convencerle de que aplace las elecciones legislativas de diciembre seis meses.
Si Nicolás Maduro acepta ese retraso, la UE estaría dispuesta a mandar observadores internacionales y darle apariencia de normalidad democrática a unos comicios en los que los principales líderes opositores no pueden participar por estar presos o huidos del país.
Fuentes de toda solvencia consultadas en Madrid y Bruselas aseguraron a ABC que Enrique Mora, director político y vicesecretario general para Asuntos Políticos y Javier Niño Pérez, director de América del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, tomaron anoche un vuelo privado en Bruselas con destino a Caracas y escala en República Dominicana sin que ningún otro país europeo, ni por supuesto Estados Unidos, hubieran sido informados de estas gestiones. La misión estaba pactada con Nicolás Maduro quien esperaba reunirse con ellos después de que el avión aterrizara en la capital venezolana pasada la medianoche, hora local, en torno a las siete de la mañana, hora española.
Esta gestión tiene lugar apenas una semana después de la publicación del informe de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y tratos crueles cometidos en Venezuela desde el año 2014, es decir, poco después de la llegada de Nicolás Maduro al poder. Por primera vez, un órgano independiente, de Naciones Unidas, vincula los crímenes de lesa humanidad con una política de Estado y exhorta a sus propios miembros a que inicien investigaciones penales contra quienes están señalados en este informe. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol son nombres claves que se repiten constantemente en el informe que fundamenta sus conclusiones en 223 casos investigados, de los cuales 48 fueron analizados en detalle, y permitieron concluir que son los principales responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. La ONU invita a las autoridades judiciales a investigar y «determinar su responsabilidad criminal y penal» por crímenes de lesa humanidad./ ABC.es
