protestasduranteel2017

El 30 de julio se cumplió un año de la elección de los miembros de la asamblea nacional constituyente, comicios que se desarrollaron en medio de fuertes protestas en diversos estados del país.

La represión hizo de ese día el más sangriento de los cuatro meses de manifestaciones contra el gobierno: 14 personas fueron asesinadas y hasta la fecha, denuncian abogados y ONG de derechos humanos, ninguno de los responsables de esas muertes ha sido condenado.

Las averiguaciones por las 14 muertes, de las cuales, 8 ocurrieron en Táchira, 3 en Mérida, 2 en Lara y 1 en Sucre, aún no han concluido. Abogados y familiares señalan que ha habido denegación de la justicia por parte de la Fiscalía y los tribunales. También acusan a los cuerpos de seguridad del Estado de obstruir las investigaciones, al negarse a aportar información sobre los funcionarios que controlaban las concentraciones, que en la mayoría de los casos eran parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

De acuerdo con el registro de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, la información oficial sobre las investigaciones de las muertes que ocurrieron en las protestas es escasa. Martha Tineo, coordinadora general de la ONG, señaló que la mayoría de las pesquisas se paralizó luego del 5 de agosto, cuando el Tribunal Supremo de Justicia destituyó de su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Desde esa fecha, el camino que han recorrido los familiares de los asesinados para hacer justicia ha sido tortuoso.

“Ha sido un año completo sin justicia ni respuesta por parte de la Fiscalía sobre la muerte de mi hijo. Todas las pruebas que recaudé fueron consignadas en el Ministerio Público, pero al día de hoy no han respondido. Ellos saben quiénes son los culpables pero lo están tapando. Aquí no hay justicia, matan a quien sea y ponen la vista gorda”, manifestó Rafael Peña, padre de Ender Peña, de 19 años de edad.

El joven, que era capitán del equipo Sub 17 de Lotería del Táchira Fútbol Club, murió luego de recibir un tiro en la ingle por parte de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro que reprimía una manifestación en San Cristóbal la noche del 30 de julio del año pasado.

Evelyn Campitelli, abogado que lleva el caso, dijo que desconoce la identidad del funcionario que disparó debido a que el Conas se ha negado a aportar esa información a los fiscales de la unidad de derechos fundamentales que investigan la muerte.

“El caso de Ender aún está en averiguaciones, no se ha imputado a nadie. Hay retardo procesal en las diligencias de la investigación. No se tiene la identidad de los funcionarios que le dispararon, solo se sabe que pertenecen al Conas, pues era la única comisión que se encontraba en el lugar”, agregó.

Al igual que Peña, otras nueve personas más murieron ese día a tiros, en su mayoría dirigidos a la cabeza, cuello y pecho. Entre las víctimas están dos adolescentes: Daniela Salomón de 15 años de edad, quien recibió un impacto de bala procedente de un grupo de sujetos armados en el sector plaza Venezuela de La Concordia, en San Cristóbal, y Adrián Romero de 13 años de edad, a quien le dispararon un proyectil en la cabeza en el sector El Calvario de Capacho Viejo en Táchira. Tampoco ha habido imputados sobre estos casos.

Recientemente, el constituyente Adán Chávez aseguró que a través de la ANC pondrán en marcha los mecanismos legales necesarios para “combatir la impunidad”.

No obstante, familiares y abogados de las víctimas afirman que la denegación de la justicia se debe a la falta de voluntad del sistema judicial. Pese a que han acudido en reiteradas ocasiones a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al TSJ, los expedientes de las muertes de Juan Gómez, Luis Zambrano, Julio Manrique, Albert Rosales, Ronald Ramírez, Wilmer Smith, Andrés (apellido sin identificar), Luis Ortiz, Ángelo Yordano, Ricardo Campos y Eduardo Olave, continúan archivados.

Tineo afirmó que la responsabilidad por la impunidad en todas las muertes recae sobre el Ministerio Público y los tribunales del país. La primera instancia debe hacer las investigaciones y acusar a los implicados y la otra está encargada de desarrollar los juicios. “Ninguno de los órganos que integran el sistema de justicia ha dado respuesta expedita sobre las 161 muertes ocurridas en los meses de protesta. Parece que no existe voluntad para investigar y juzgar esos asesinatos”, expresó.

Señaló que en las 161 muertes del año pasado, ha habido 99% de impunidad debido a la falta de colaboración de los cuerpos de seguridad con quienes realizan las indagaciones. Indicó que los funcionarios se niegan a dar la identidad de los responsables y, en otros casos, los implicados no son trasladados a los juicios.

Los obstáculos. Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, indicó que las trabas y la opacidad por parte de los órganos administradores de justicia para el avance de las averiguaciones han ocasionado que 91% de los asesinatos habidos en las manifestaciones de 2017 no haya llegado ni siquiera a la audiencia preliminar.

“El Estado ha actuado con total saña e impunidad, con la intención de no permitir la evolución de las investigaciones y así envía un mensaje de que para mantenerse en el poder está dispuesto hasta a ocultar las evidencias que lo incriminen”, afirmó.

De acuerdo con la ONG, de los 161 casos de muertes que se registraron en las concentraciones de calle del año pasado, en 124 se desconoce la información sobre los victimarios. Solo 2 han sido enjuiciados y 11 acusados, mientras que la Fiscalía ha solicitado la aprehensión de 21 presuntos responsables.

EL DATO

Según el registro de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, en lo que va de año ha habido 17 víctimas mortales durante las manifestaciones a nivel nacional, que a diferencia del año pasado, se desarrollan por causas socioeconómicas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indica en su reporte mensual que en julio hubo 286 protestas para exigir servicios básicos, acceso a la alimentación y mejor calidad de vida./EN