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rafaelescalona

 

Hacer un análisis político – jurídico sobre el llamado que hizo Nicolás Maduro de una convocatoria a un proceso constituyente es difícil, en el sentido que su llamado a “demoler” la Constitución del 99 se debe hacer sobre unas bases comiciales –las cuales no conocemos- que deberán contener los parámetros para escoger a los futuros Constituyentistas y que de seguro se hará mediante un tramposo dispositivo que deberá “aprobar” el Consejo Nacional Electoral y reafirmar su viabilidad la Sala Constitucional del TSJ.

Esta macabra salida de Nicolás Maduro y su régimen solo busca liquidar las protestas sociales las cuales van en contra del peor Presidente de nuestra historia y su régimen; para cerrar el camino de elecciones generales; y que ahora este Presidente las quiere direccionar en contra de su misma Constitución, es decir destruir la Carta Magna, para acoplarla a sus desmanes, en vista que este régimen está prácticamente caído.

¿Pero el problema de Venezuela se soluciona con un proceso Constituyente?. No, esa es una salida maquiavélica de Nicolás y su combo, el mismo ha establecido un estado de “Facto”, es decir estamos frente a un fraude constitucional, un golpe de estado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su Exposición de Motivos establece en su Título IX referente a la Reforma Constitucional, está clara mente definido tres escenarios, a saber: Reforma y Enmienda e incorporó la facultad de convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente, para ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario, lo cual concuerda claramente con lo establecido en el Artículo 347 de la CRBV, -recomiendo la lectura de este Artículo-.

Lo inconstitucional de esta situación es, que bien es cierto Nicolás Maduro en Consejo de Ministros tiene facultades, para “tomar la iniciativa” –repito tomar la iniciativa-, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (Ver Articulo 348 CRBV); es solo el pueblo venezolano, en votaciones directas, secretas y universales, que deberá decidir mediante un referendo aprobatorio, si vamos o no vamos a un proceso Constituyente; así mismo, es solo el pueblo, en votaciones

directas, secretas y universales, quien podrá elegir a los miembros que integrarán esa Asamblea Constituyente. He allí la ilegalidad de este esperpento leguleyo que propone Nicolás Maduro y su combo. El Gobierno considera “tomar la iniciativa” como una concreción del proceso Constituyente de ipso facto.

Como colofón a los desmanes jurídicos de Nicolás Maduro en relación a esta ilegal convocatoria Constituyente, dijo que esa “Asamblea Constituyente” estará integrada por 500 venezolanos; 250 escogidos mediante un proceso regional –totalmente oscuro-; y los otros 250 Constituyentistas “escogidos” entre los Consejos Comunales; Claps; centrales bolivarianas de trabajadores; estudiantes bolivarianos; y entre todo lo que huela a bolivariano, es decir de la estructura chavista - madurista propiamente dicha y enquistada en el régimen. Si no luchamos para frenar este golpe de estado Constitucional, estaremos condenados al ostracismo y eso no nos lo merecemos los Venezolanos dignos.

La Ciencia Política es clara cuando preceptúa, que solo después que se da un rompimiento institucional abrupto de un sistema de gobierno; o cuando una sociedad implosiona en sus entrañas; o, cuando una sociedad civil exige cambios estructurales en su norma suprema para refundar un estado, es viable un proceso Constituyente. Ese no es el caso de Venezuela.(Rafael Escalona Marquez)

Gobernación de Mérida