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Para nadie es un secreto que los agroproductores de este país se han visto afectados por la grave crisis que enfrenta Venezuela. Desde el punto de vista operativo la grave falta de los insumos agrícolas que necesitan los productores, ganaderos y cualquier agente económico que se dedica a alguna actividad agrícola o pecuaria, ha provocado una merma en la producción del sector. Los problemas comenzaron cuando se llevaron a cabo una serie de expropiaciones a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) que entro en vigencia en el 2005 y que permitió la expropiación de grandes latifundios productivos que existían en el país en el marco de la lucha contra la evidencia de tierras baldías. Sin embargo, hoy en día esas tierras expropiadas son menos productivas que antes, de igual forma, empresas que pasaron a manos del sector público prácticamente desaparecieron o escasamente existen en la actualidad.


El caso más emblemático es Agroisleña que el 3 de octubre de 2010, fue tomada por el ejecutivo nacional luego de 52 años de fundada y con 65 sucursales en 19 estados del país; la empresa más grande del sector agroindustrial, que proporcionaba insumos a los agricultores y financiaba a un gran número de ellos. La medida de expropiación se justificó por la supuesta especulación, usura y prácticas oligopólicas por parte de la empresa, según reza en el decreto de adquisición forzosa publicado en Gaceta Oficial del lunes 4 de octubre de 2010. En el marco de esta medida, la empresa pasó a llamarse Agropatria.


Como todas las empresas expropiadas en este país, Agropatria se volvió improductiva e ineficiente. Mientras Agroisleña se destacó por llevar el censo de los principales asociaciones de agroproductores en el país para la asignación de semillas y fertilizantes que se requerían para las cosechas y cultivo, y a su vez ofrecía asesoría técnica para el uso y el majeo de lo sus productos tomando en cuenta que la mayoría de las agroproductores son personas analfabetas; actualmente Agropatria funciona pero más de forma administrativa, cuando se visitan sus instalaciones no se evidencian productos para el campo, por otra parte, los productores que quieren acceder a las pocas mercancías para cultivo, deben cumplir con una larga lista de requisitos.

Aun teniendo a la mano los requisitos exigidos por la empresa, ello no garantiza el acceso a los productos, ya que cuando el productor hace su pedido en las cantidades que necesita para su cultivo, solo tiene acceso a una unidad racionada de dicho bien debido a la elevada demanda de estos productos que han llevado a los agricultores a ir a los mercados negros y comprarlos pagando elevados precios. El principal ejemplo de esta situación son los agricultores que deben trasladarse a las frontera con Colombia y Brasil para poder adquirir los insumos necesarios para sus cosechas, desde semillas hasta fertilizantes y vitaminas, pero cancelando precios excesivamente altos,


Esta situación junto con el l fenómeno hiperinflacionario que atraviesa Venezuela agrava más el estado del campo venezolano. Mientras tanto, el gobierno nacional no hace lo suficiente para diligenciar y asignar dólares a tasas preferenciales para la adquisición de los productos que se requieren en el campo, lo que ha llevado a los dueños de fincas y cultivos del país a disminuir su producción, desmejorar los productos por falta de la mayoría de los fertizantes que no hay en el país y adquirirlo por otros medios asumiendo las pérdidas porque el valor final de la cosecha no da para cubrir los gasto que esta genera. Ante este panorama, La pregunta que surge es: ¿hasta dónde aguataran los productores si no se hacen correctivos necesarios para adquirir los insumos para sus cosechas?/ Kelly Galván

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