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Durante el año 2017, en el estado Mérida se registraron una serie continúa de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), practicadas por los organismos de seguridad del Estado, casos de tortura a menores de edad, detenciones arbitrarias, ataques desmedidos a zonas residenciales, irrespeto a la integridad de las personas y sus vidas, entre otras situaciones irregulares, informó Rigoberto Lobo, director general de Promedehum.

Durante la presentación del Informe Anual 2017 "Mira a Mérida a través de nuestros ojos", agregó a la lista que los patrones de violaciones se tornaron  cada vez más  frecuentes y citó el caso de las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, donde el pueblo salió a las calles desde abril hasta junio, a exigir un cambio político, económico y social,  debido al hambre y la crisis que afecta millones de personas, a su juicio,  la represión de los cuerpos de seguridad fue indiscriminada.


Promedehum registró 11 muertes y más de 1.200 heridos  durante manifestaciones

Según el informe de la organización que vela por los Derechos Humanos, en el contexto de protestas consumadas  en la entidad, 11 personas fueron asesinadas, todas por impactos de balas, algunos en la cabeza y otros en su cuerpo, mientras que, los heridos aparte de proyectiles recibieron perdigones, impactos con  bombas lacrimógenas, golpizas, incluso uno de los casos documentados reveló que un joven protestaba pacíficamente en la avenida Andrés Bello, y fue atado a una moto para ser arrastrado por los funcionarios.

Otros casos detallan que las agresiones dejaron lesiones permanentes, unos perdieron sus ojos por impactos de perdigón, otros sus dedos, asimismo ciudadanos atacados salvajemente perdieron parte de su dentadura, presentaron fracturas y varios de los casos ameritaron intervenciones quirúrgicas de emergencia.

Agresiones psicológicas aplicadas por cuerpos de seguridad del Estado

Los patrones de agresiones psicológicas  más comunes que utilizaron y aún practican los organismos de seguridad venezolanos son; la amenaza de privar de libertad a un sujeto  sin motivo alguno, amenazas de muerte contra los manifestantes o sus familiares, seguimiento a personas, amedrentamiento a grupos y comunidades, como también señalamientos públicos a individuos a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Profesionales amenazados por la fuerza pública

Varios casos se presentaron contra abogados, activistas, periodistas y reporteros gráficos, quienes fueron víctimas de amenazas por parte de funcionarios del estado Mérida, especialmente hacia aquellos que dieron cobertura a las protestas antigubernamentales en la región.

Persecución política

Promedehum brindó asesoría a doce de los casos de perseguidos políticos, según Rigoberto Lobo, quien añadió que durante 2017 incrementó el número de persecuciones a disidentes, no solo por participar en las manifestaciones de calle, también por opinar y criticar la gestión del Gobierno actual, "abrieron procedimientos judiciales y en otros contextos fueron acosados, algunas personas debieron marcharse del país por temor a represalias, como el caso del estudiante universitario, José Carrero,  quien sufrió días con la presencia de funcionarios de inteligencia a  las afueras de su residencia”, indicó.

Carrero, fue señalado públicamente  por el alcalde oficialista del municipio Campo Elías  ,  Simón Figueroa,  de quemar un bus yutong perteneciente a la empresa Trolebús Mérida, acusaciones que rechazaron  sus compañeros , puesto que , en el momento de la quema se encontraba alejado del sitio retirando su pasaporte. / Prensa Promedehum

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