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Un total de 51 organizaciones de derechos humanos de Venezuela, así como federaciones y asociaciones de profesores universitarios, suscribieron el comunicado realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en el que se le solicita al Estado venezolano el sobreseimiento de la causa por la cual los bomberos del estado Mérida, Carlos Varón y Ricardo Prieto, están detenidos desde hace ya un mes.

Transcurridos 33 días de la detención arbitraria de los funcionarios, las organizaciones de derechos humanos hacen tal solicitud por considerar que los bomberos no cometieron delito alguno.

El pasado 12 de septiembre de 2018 en horas de la noche, Carlos Varón y Ricardo Prieto fueron detenidos sin orden judicial y sin flagrancia, mientras realizaban labores en la sede del Cuerpo de Bomberos en la población de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida.

El motivo de la detención fue la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se puede ver a un burro que se pasea por las instalaciones de la sede del Cuerpo de Bomberos de la población de Apartaderos, refiriéndose los bomberos a este animal como si se tratara del presidente Nicolás Maduro, al que se le están informando de la situación de carencia que posee esa sede de bomberos.

Por la sátira, el Estado venezolano privó de libertad a Carlos Varón y Ricardo Prieto y les aplicó la Ley contra el Odio, promulgada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y rechazada por las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, por ser violatoria de los derechos humanos y un mecanismo para criminalizar la libertad de expresión y el derecho a disentir.

Además del sobreseimiento de la causa, las 51 organizaciones y las federaciones y asociaciones de profesores universitarios, exigen al Estado que les garantice a Varón y Prieto la vida su integridad física y mental y consideran que la detención y procesamiento de los bomberos vulnera el derecho a la libertad personal, los principios del debido proceso, la libertad de expresión, criminaliza la protesta pacífica, y transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 7 de la Constitución Nacional.

De igual forma las ONG´s exigieron al Juez Segundo de Control Penal, Carlos Manuel Márquez Vielma, someterse a los principios de legalidad, independencia e imparcialidad, y decretar de inmediato la libertad plena de los bomberos Carlos Julio Varón García y Ricardo Antonio Prieto Parra.

El comunicado y las ONG´s que suscribieron el mismo está disponible en www.uladdhh.org.ve.(Prensa ODH-ULA)

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